No deja de ser lamentable que tenga que ocurrir algo como lo de Pamplona para que algún legislador se moleste en leer tres artículos del Código Penal, especialmente cuando consideras que en España se denuncia una violación cada ocho horas (y ojo que he dicho “se denuncia” y he dicho “violación”).

No deja de ser lamentable que sea ahora cuando a algún legislador se le ocurra que quizá haya que darle una vuelta a la tipificación de delitos contra la libertad sexual, cuando nos gusta repetir hasta la saciedad que tenemos uno de los cuerpos normativos más garantistas frente a la violencia de género y cuando las víctimas preferentes de estos delitos son, han sido y siempre serán las mujeres.

No deja de ser lamentable que desde 1995 —Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género en 2004 mediante, Ley de protección de la infancia en 2015 mediante—, ni un sólo legislador haya caído en la cuenta de que la tipificación de la agresión y el abuso es además, injusta. Un apunte: El abuso se comete sobre quienes no tienen potestad para prestar su consentimiento (niños, niñas y personas con discapacidad o incapacidad) y quienes por otras circunstancias no pueden hacerlo, es decir, los más vulnerables entre los vulnerables. Sin embargo, las penas en estos casos son menores. Otro apunte, repetido hasta la saciedad estos días: si te violan pero no te pegan o te ponen un cuchillo para conseguirlo, no es agresión, así que las penas, de nuevo, son menores. Parece que se premia aprovecharse del más débil y hacerlo sin mancharse las manos.

No deja de ser lamentable que mientras en todos estos años se han invertido miles de euros en loables esfuerzos por acabar con otras formas de violencia sobre la mujer, como la trata o la mutilación genital, no haya aprobado ningún legislador estrategia marco alguna que ataje la violencia sexual, más generalizada en todas las sociedades, incluida la nuestra. Ni una estrategia marco, ni una reforma legislativa, ni releer con conciencia crítica el Código Penal, de 1995, el primero de nuestra democracia y que tantas veces se ha tocado para tantos otros temas de interés. Ni una estrategia, digo, ni una reforma, ni un mínimo retoque en el sistema educativo para que nuestros niños dejen de poner la responsabilidad en los hombros de Caperucita y aprendan a reconocer que el lobo es el culpable. Bueno sí, aquí una autoenmienda: Una vez se publicó un decálogo que nos decía a las mujeres cómo prevenir la violencia sexual porque claro, si no sigues cuatro pautas básicas, no es ya que no sea una agresión, es que tú te lo has buscado.

No deja de ser lamentable que con la salvajada de hechos que el tribunal de Pamplona da por probados, la calificación final no sea de agresión. Pero no se puede olvidar que los magistrados no eligen las palabras en función de cómo aparecen en el diccionario, sino en la dimensión que les son dadas en las leyes y que se han acotado previamente en la instancia superior. Sí, podrían haber sido más ambiciosos. Sí, podrían haber sido más indulgentes. Pero no nos engañemos, amigas. Quien nos ha fallado a todas no ha sido un tribunal de Navarra. El fallo ha sido del legislador.

Vega se define a sí misma así: “Soy periodista y escribo sobre derechos humanos y asuntos sociales para la Agencia Europa Press. Soy madre de dos niñas y orgullosa im-perfecta desde mayo de 1981, aunque lo descubrí mucho más tarde, claro”.